Las descargas en Internet serán controladas por el Gobierno con tutela judicial.

Tras meses de tensas negociaciones, con fuertes enfrentamientos entre representantes de las sociedades de derechos de autor, operadores de telecomunicaciones, asociaciones de consumidores y hasta internautas espontáneos, el Gobierno aprobó la polémica legislación sobre las descargas en Internet, tras recibir el visto bueno del Consejo de Ministros.

La normativa, integrada como disposición final de la Ley de Economía Sostenible, garantiza que sólo un juez de la sala de lo contencioso administrativo, de la Audiencia Nacional, pueda tomar la decisión final de bloquear las páginas que, a juicio de una comisión de expertos en Derecho y en Internet, integrada en el Ministerio de Cultura, no respeten los derechos de propiedad intelectual de los autores.

Mediante una denuncia de los afectados ante Cultura, se podrá abrir un procedimiento administrativo, e incluso, uno judicial ultrarápido, que cerraría la página en un plazo máximo de cuatro días.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo se asegura la supervisión de contenidos de películas, música o videojuegos en Internet, al tiempo que cuenta con la tutela judicial de la Audiencia Nacional, en caso de cierre de páginas que no respeten los derechos de autor. Para atribuir esta competencia al organismo será necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Además, la formación de la comisión integrada en Cultura y el proceso detallado de bloqueos de las páginas necesitará un desarrollo reglamentario.

Así funcionará el procedimiento:

- Canalización de propuestas. La primera parte del proceso será administrativa. Será la Comisión de Propiedad Intelectual, una entidad administrativa que depende de Cultura, integrada por expertos en propiedad intelectual e internet, la que canalice las denuncias de los titulares de derechos de autor hacia aquellos sitios web que faciliten la descarga de archivos en la red.

- Advertencia de infracción. Una vez recibida la denuncia, la Comisión de Propiedad Intelectual, integrada por un grupo de expertos, decidirá en cada caso si se están infringiendo derechos de propiedad intelectual y lo notificará, en su caso, al responsable de cada sitio web.

Alegaciones de los denunciados. Los sitios denunciados dispondrán de un plazo de alegaciones, tras el cual, si la Comisión de Propiedad Intelectual estima que se sigue infringiendo la ley, ordenará la retirada del material o el bloqueo de la web.

Solicitud cautelar de cierre. De persistir la supuesta infracción, la Comisión del Ministerio de Cultura solicitará al juez el bloqueo o cierre del sitio de manera cautelar, en un plazo de cuatro días.

Fuente: expansión.com

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